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El FMI evalúa el IPCNU presentado por el Gobierno Argentino

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El directorio del FMI dirigido por Christine Lagarde analizará el informe elaborado hace un mes por su gerencia técnica a pedido de la propia directora, y emitirá un voto positivo o negativo sobre el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCNu).

Si el resultado es el primero, la Argentina cerraría años de conflicto con el FMI, y, eventualmente, abriría las puertas a un eventual acuerdo con el FMI. Luego, si esto ocurre, el Gobierno podrá comenzar a negociar con el Club de París un plan de pagos para finalizar la deuda que aún se mantiene con este organismo, y que con intereses llegaría a los u$s 9.750 millones.

También podría el Gobierno comenzar a sondear seriamente la posibilidad de colocar deuda soberana voluntaria en los mercados internacionales a una tasa de interés razonable (por debajo del 10% anual, según la idea de algunas oficinas del Ministerio de Economía).

Igualmente, para que esto ocurra el gobierno debería tomar una decisión política importante y polémica puertas adentro: permitir que el FMI realice sus inspecciones de las estadísticas económicas internas previstas en el “artículo IV”, por el cual el Gobierno debe abrir sus números y someterse a las críticas de los técnicos del organismo. La decisión pasará obligatoriamente por la Presidenta de la Nación.

Lo que hoy evaluará puntualmente el directorio del FMI (representado por los delegados de los países integrantes del Fondo) es si considera o no consistente la propuesta del nuevo IPCNu que en octubre presentó ante Lagarde el exministro de Economía Hernán Lorenzino y que recibió, en términos generales, el visto bueno de la directora gerente.

Por esto espera el Gobierno que el directorio levante el pulgar al nuevo índice y comience una nueva etapa tanto para la medición de la inflación en la Argentina como en la relación con el FMI. Con esto además la Argentina evitaría que se le aplique al país la “moción de censura” con la que la propia Lagarde había amenazado en febrero pasado, pero dándole plazo hasta el 13 de septiembre pasado para que el país proponga una nueva metodología para medir el alza de los precios.

La Argentina cumplió y en octubre pasado, en la cumbre conjunta del FMI y el Banco Mundial, propuso que el IPC en el que habían trabajado los propios técnicos del organismo se convierta en el sistema estadístico oficial para medir la inflación en el país.

Había sido a mediados de 2009, cuando el entonces ministro de Economía, Amado Boudou llamó al FMI para que envíe a sus técnicos para aconsejar sobre cómo elaborar un nuevo IPC. La propia Lagarde cumplió el pedido y mandó a Buenos Aires a una delegación de técnicos de línea para que trabajaran sobre el tema, con un experto en América Latina como jefe.

Fue Robert Rennhack, quien hace ya más de dos décadas se encarga de las cuestiones latinoamericanas y es conocido por su discreción. Desde hace varios años, además, es uno de los colaboradores directos y de confianza de Lagarde. Rennhack había avalado el nuevo IPCNu ya en 2011.

Según lo que promete el Gobierno, en enero comenzarán las mediciones del IPCNu y en febrero se conocerán los primeros resultados. Igualmente, y al tratarse de una medición interanual, los verdaderos resultados útiles para la economía real serán los que se publiquen un año después de la primera medición. Si ésta es en enero, los resultados más serios serán los de enero de 2015.

El indicador se basa en la medición de una nueva canasta de productos confeccionada especialmente para cada provincia (adhirieron 23 gobernaciones), que en teoría aportaron diferentes universidades públicas provinciales. Serán unos 550 productos los que se medirán, pero tomando los valores que pueden llegar a tener en diferentes puntos del país.

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